El presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez hace un llamado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Fiscalía General de la República (FGR) para que inspeccionen a los locatarios del Mercado 901 Nuevo San Lázaro, en Magdalena Mixhuca, a efecto de investigar los supuestos permisos para vender ajolotes y, en su caso, se sancione a quien resulte responsable.
El ecologista destacó que el ajolote es un anfibio en peligro de extinción, de acuerdo a la Norma NOM 059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por lo que subrayó que es urgente que se investigue y se sancione a quien resulte responsable por violentar lo establecido en la Ley General de Vida Silvestre.
Asimismo, destacó que, en la Ciudad de México la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México prohíbe la venta de animales en mercados públicos, por lo que también hace un llamado a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), para que verifique el cumplimiento de la Ley en nuestra capital.
Ante las presuntas violaciones a la mencionada ley, Sesma Suárez destacó que la instancia legislativa que preside se encuentra en análisis y elaboración de un dictamen que contempla aproximadamente 19 iniciativas de las y los diputados locales, el cual tiene por objeto abrogar la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y expedir la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México para reforzar la prohibición de la venta de animales ya que no sólo contempla que se prohíba en mercados públicos sino también en mercados sobre ruedas y mercados móviles en la modalidad de tianguis, bazares y complementarios, y demás instalados en la vía pública.
Convencido de que a través de la actualización de las leyes, también se puede crear consciencia sobre el riesgo de desaparición que enfrenta el ajolote y otros animales de la capital del país, el presidente de la Comisión de Bienestar Animal, Jesús Sesma Suárez expresó su confianza en que tanto las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México como todos los grupos parlamentarios del Congreso local aprueben el próximo periodo ordinario de sesiones la nueva Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México.