Consolidar la aprobación de reformas que contribuyan a la construcción de un marco jurídico para eficientar el combate de uno de los delitos, diría del delito más lacerante para nuestra sociedad, como lo es el secuestro, es sin duda uno de los más grandes retos que enfrenta nuestro Congreso mexicano.
En coincidencia con el doctor en sociología, René Alejandro Jiménez Ornelas, lo que sabemos a ciencia cierta es que el secuestro es perpetuado por individuos a quienes les importa muy poco la vida de otros, tienen tan poco respeto al sistema legal y normativo de la sociedad en la que se desenvuelven y su objetivo los lleva a vejaciones, que pueden terminar inclusive con la vida de su víctima.
En tanto la sociedad tenga individuos así y las condiciones de impunidad, corrupción, no cambien; los secuestros continuarán sin importar la efectividad del Gobierno en combatir y controlar este tipo de delito en contra de nuestra sociedad. Mientras existan ciudadanos dispuestos a violar la ley y la sociedad y sus autoridades no lleven a cabo los cambios estructurales fundamentales, la competencia de antemano está ganada por la delincuencia.
Es por ello que coincidimos con el presente dictamen, pues resulta urgente garantizar la compatibilidad de las disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de nuestra Carta Magna, con el marco jurídico de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ya que como se señala en el dictamen, la primera requiere control judicial para las diligencias de geolocalización de aparatos de comunicación de intereses para las investigaciones; y la segunda no, por lo cual se obstaculizan las mismas y se prolonga el periodo de privación de la libertad e inclusive, como ya lo decíamos, terminar con la vida de la víctima.
Como acertadamente también se señala en el dictamen, la solución planteada es remover el requisito de autorización judicial del artículo 25 de la ley antes citada e incorporar salvaguardas para que estas diligencias no se realicen de ninguna forma arbitraria, por lo cual se propone que los titulares del Ministerio Público de la Federación o de las entidades federativas y los servidores públicos en quien se delegue dicha atribución, bajo su estricta responsabilidad, podrán ordenar a los concesionarios de telecomunicaciones, de conformidad con las disposiciones aplicables, tratándose de la investigación de los delitos previstos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de secuestro.
Por todo lo manifestado, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor del presente dictamen. Para concluir, y coincidiendo ampliamente con el destacado jurista, maestro y doctor don Sergio García Ramírez, es de explorado derecho que la finalidad intrínseca del Ministerio Público deberá ser garantizar a la colectividad la seguridad de justicia sin trasgredir los derechos establecidos en los tratados internacionales que México ha suscrito, y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciendo una correcta investigación y persecución de los delitos y en base a ello la detención de los probables responsables.
Es cuanto, señor presidente.
Muchas gracias por su atención, compañeros diputados.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
