La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ninfa Salinas, presentó una iniciativa que busca reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para que los manuales de sistemas de gestión ambiental de la Administración Pública Federal y los Poderes Federal y Judicial de la Federación además de optimizar los recursos materiales y la reducción de costos financieros, también tengan como objetivo la disminución de la huella ecológica que generan las actividades de los Poderes de la Unión.

Comentó que la huella ecológica, concepto que surgió en la década de los años 90, es un indicador utilizado para medir el grado en que os ecosistemas productivos de la Tierra cuentan con la capacidad regenerativa para sostener las demandas de la sociedad.

De acuerdo con el Grupo de Trabajo para la Huella Ecológica (Global Footprint Network), ésta mide “cuanta superficie terrestre (área de tierra y agua) requiere una población humana para producir el recurso que consume y absorber sus desechos usando la tecnología actual”.

La legisladora señaló que el uso de este indicador ha ganado espacios importantes, tanto en las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, como en el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés).

Y es que a nivel nacional, dijo, en el 2008 la huella ecológica de México fue de 3.3 hectáreas globales/persona, mientras que la biocapacidad fue de 1.4 hectáreas globales/persona/, lo que nos hace un país deficitario en  1.9. Esto quiere decir que estamos utilizando insustentablemente los recursos naturales que requerimos para el desarrollo de nuestras actividades y sustento.

“Los datos para 2010 no son más alentadores ya que de un total de 152 países analizados, la huella ecológica en hectáreas/personas para nuestro país ocupa el lugar 49. Por lo que hace a la biocapacidad per capital de la nación está en el lugar 77, lo que nos indica que formamos parte del grupo de países que continúan utilizando insustentablemente los recursos naturales a partir de los cuales muchas actividades productivas se llevan a cabo”, destacó.

Ninfa Salinas aseguró que la introducción del indicador permitirá por primera vez a estos poderes contar con elementos mesurables, monitoreables y comparables para conocer con exactitud el impacto de sus actividades sobre el medio ambiente y estar en posibilidades de desarrollar acciones para disminuirlo.

De manera paralela, se propuso que los manuales incluirán medidas para fomentar el uso de medios electrónicos y adoptar tecnologías y mecanismos que generen un consumo sustentable de energía y agua. Todo ello, de conformidad con la disponibilidad técnica y presupuestal de cada caso.

Por último, subrayó que la que reforma al artículo 17 Bis complementa la dispuesto por el 17 Ter que promueve la captación de agua pluvial para utilizarla en baños, labores de limpieza de pisos y ventanas, el riego de jardines y árboles de ornato. “Con ello, se reduce la demanda del agua potable y se evita la sobre explotación de mantos acuíferos, pues como se aprecia el objetivo del artículo no es hacer un uso eficiente del agua que se suministra a los inmuebles públicos mediante la red hídrica, sino aprovechar el agua de lluvia”.

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO