Con la venia de la presidencia:

Después de un proceso de análisis profundo por parte de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, en donde se tuvo la oportunidad de escuchar los puntos de vista de especialistas en el sistema de justicia y en el sistema penal, sobre las modificaciones planteadas al artículo 19 constitucional, hoy en este Congreso tenemos la oportunidad y, sobre todo, la responsabilidad de validar dichas modificaciones en beneficio de toda la sociedad.

Compañeras y compañeros diputados:

Esta modificación constitucional se centra en adicionar los delitos que ameritarán la imposición de la prisión preventiva oficiosa, es decir, la cárcel, como medida cautelar. Estos delitos son una serie de conductas que han impactado gravemente en la sociedad y que, ante la falta de mecanismos adecuados para sancionarlas, han generado en los ciudadanos una sensación generalizada de injusticia e impunidad.

Para clarificar el tema, quiero resaltar que la prisión preventiva oficiosa tiene como propósito garantizar la presencia real del presunto responsable a lo largo del proceso penal, como una medida excepcional para determinados delitos que han generado serios problemas en todos los sectores de la sociedad, como el feminicidio y el robo a casa habitación.

Estamos conscientes de los señalamientos que apuntan a esta reforma como una afectación a los derechos humanos y al debido proceso.

En este sentido, tenemos que dejar en claro que con esta reforma se conservan las garantías constitucionales en los procesos judiciales, sin embargo, no podemos perder de vista que se trata de evitar que quienes cometen los peores delitos, los que más daño le hacen a la sociedad, los más atroces, sean detenidos y enviados a la cárcel para evitar que evadan la acción de la justicia.

Tenemos que dejar de ver a la prisión preventiva oficiosa como un castigo desmedido para comenzar a ser más empáticos con quienes han sido víctimas de tan graves delitos y más congruentes con la realidad que a diario nos afecta a todas y a todos.

Por ejemplo, castigar con cárcel el uso de programas sociales con fines electorales, sin duda representa un gran avance para lograr que los recursos destinados al combate a la pobreza, cumplan su objetivo y sean entendidos por sus beneficiarios como la exigencia de un derecho y no como un regalo.

Igualmente, se incorporan a esta lista de delitos graves el enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones, en donde es evidente la necesidad de garantizar que quienes cometan estos delitos, lleven su proceso penal en prisión.

Tenemos que reconocer que la implementación del nuevo sistema penal acusatorio no está funcionando como se esperaba y que, lejos de evitar que las personas inocentes vayan a la cárcel, se ha convertido en un mecanismo que permite a los criminales delinquir una y otra vez, sin poder ser sujetos a prisión preventiva.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor y respaldará las modificaciones constitucionales realizadas por el Congreso de la Unión en materia de prisión preventiva oficiosa, con la intención de poner un alto a la impunidad que hoy padecemos y de la cual toda la ciudadanía ya está más que harta.

Deseamos que este ejercicio no se traduzca en un simple trámite para la entrada en vigor de dicha reforma, sino una manera responsable de colaborar en la construcción de leyes sólidas que fortalezcan y den mejores herramientas a las instituciones encargadas de garantizar nuestra seguridad, con una mayor responsabilidad y una justicia verdadera, en beneficio de todas y todos los mexicanos.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuánto.

PARTIDO VERDE