Con la venia de la Presidencia
El hostigamiento y el acoso sexual son conductas que de manera reiterada son confundidas o utilizadas como si se tratara del mismo acto.
Sin embargo, en el caso del hostigamiento sexual, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se define como el ejercicio de poder que se realiza en el marco de una relación de subordinación escolar o laboral, y se puede expresar en conductas verbales, físicas, o ambas, relacionadas con la sexualidad y connotación lasciva.
Por su parte, el acoso sexual: es una forma de violencia, en la que si bien no hay subordinación, existe un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.
Como se puede observar, la diferencia entre un acto y otro es sutil, pero a pesar de que en uno existe una relación de subordinación y en el otro no, no podemos obviar que ambos constituyen elementos que nos laceran como sociedad y nos muestra que aún nos queda mucho camino por recorrer para alcanzar una verdadera igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
Como es de sobra conocido, el acoso sexual y otras formas de violencia sexual en los espacios públicos constituyen eventos que ocurren a diario en la vida de mujeres y niñas de todo el mundo, tanto en zonas urbanas como rurales, en países desarrollados y en vías de desarrollo.
En este sentido, tanto las mujeres como las niñas temen ser objeto de distintas formas de violencia sexual en el espacio público, desde comentarios sexuales no deseados y manoseos, hasta violaciones y feminicidios, lo anterior puede suceder en la calle, en el transporte público, la escuela y en el lugar de trabajo.
Dichos comportamientos reprobables tiende a reducir la libertad de movimiento de las mujeres y las niñas, así como su capacidad para detonar todo su potencial en la escuela, el trabajo y la vida pública en general.
Es más, el acoso sexual tiene el potencial de limitar el acceso de las mujeres a los servicios esenciales y el disfrute de oportunidades culturales y de ocio, asimismo, repercute negativamente en su salud y bienestar.
Pese a que en la actualidad la violencia en el ámbito privado se reconoce ampliamente como una violación a los derechos humanos, la violencia en contra de la mujeres y niñas, en especial el acoso sexual en el espacio público, sigue siendo un problema en gran medida descuidado en todo el mundo, pues existen pocas leyes o políticas para acometerla o erradicarla.
Lamentablemente, los casos de acoso en contra de mujeres y niñas se pueden observar con frecuencia en nuestro país.
Un ejemplo de lo anterior, el cual fue reportado por diversos medios de comunicación fue el acontecido hace unos meses con la periodista estadounidense Andrea Noel, coordinadora editorial de Vice News México, cuando un hombre le levantó el vestido y tiró de su ropa interior mientras caminaba por la calle.
Por desgracia, casos como este no constituyen eventos aislados y ejemplifican el grado de penetración que tiene el acoso sexual en nuestro país.
Uno de los lugares donde se hace más visible el acoso sexual y en donde las mujeres han tenido que aprender a convivir y sortear esta situación es en el transporte público. Esto se debe a que 48% de las mujeres reconoce haber sufrido acoso sexual en estos sitios, en su mayoría de tipo físico, según un estudio de 2014 elaborado por la asociación El Poder del Consumidor y la encuestadora Dinamia.
A pesar de lo anterior, en el ámbito penal, solamente 16 entidades federativas de nuestro país tipifican como delito el acoso sexual: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Campeche, Quintana Roo y la Ciudad de México, y las penas van desde los tres meses hasta los cinco años de prisión, además de las sanciones económicas.
Por lo anteriormente expuestos y preocupados por el aumento de estos reprobables comportamientos, es que en nuestro grupo parlamentario nos hemos manifestado en contra de todas aquellas acciones y actividades que dañan la integridad de la persona, independientemente de su condición social, económica, raza y orientación sexual, pues nuestro ideario político nos obliga a rechazar cualquier forma de violencia.
En ese sentido, es indispensable que las 32 entidades federativas armonicen su legislación penal para tipificar el acoso sexual en sus respectivos Códigos Penales, imponiendo sanciones privativas de la libertad como económicas ejemplares para reducir los índices de acoso y hostigamiento sexual, pues son actos que vulneran la integridad tanto de hombres como de mujeres.
Es cuanto señor Presidente.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
