Con su permiso señor Presidente; diputadas y diputados.
Las reformas al Código Penal Federal, que hoy están a consideración, responden a una de las demandas ciudadanas de mayor alcance en los últimos años: perseguir y castigar a los servidores públicos que defrauden la confianza depositada en ellos y se involucren en actos de corrupción.
Dichos actos no deben sancionarse únicamente por la vía administrativa. Es necesario que aquellas conductas indebidas, que lesionan a la sociedad y el patrimonio del país, tengan consecuencias penales. El dictamen presentado por la Comisión de Justicia atiende dicha demanda.
Además, cuenta con los siguientes aciertos:
Fortalece el Código Penal Federal con un catálogo ampliado de delitos. De esta manera, lo convierte en uno de los instrumentos más útiles para la ejecución del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
Establece prisión preventiva para los servidores públicos que sean investigados.
Prevé la necesidad de reparar los daños y perjuicios, causados por las conductas indebidas de los servidores públicos, en apego a los objetivos del nuevo Sistema de Justicia Penal.
Prevé la destitución e inhabilitación para ocupar cargos o comisiones públicas para aquellos funcionarios que cometan actos de corrupción.
Endurece las penas cuando los servidores públicos involucrados en actos de corrupción pertenezcan a alguna corporación policiaca, aduanera, migratoria, o cualquier institución en la que la sociedad requiere confiar plenamente.
Prevé sanciones acordes al nivel jerárquico y el grado de responsabilidad de los cargos públicos.
Al respecto, los jueces deberán incrementar hasta en un tercio las penas para los servidores que delincan y hayan sido electos popularmente o ratificados en su nombramiento por alguna de las Cámaras del Congreso.
Impone sanciones para los legisladores que gestionen recursos o dádivas de manera indebida.
De esta manera, se contribuye a que el proceso de aprobación anual del Presupuesto de Egresos sea siempre objetivo e imparcial.
Está claro que el Sistema Nacional Anticorrupción requiere de estos cambios legales, para poder operar de forma eficaz. La corrupción es capaz de desviar los fondos destinados al desarrollo de una nación; disminuye la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios adecuados; alimenta la desigualdad, la injusticia y desalienta la inversión. Llegó el momento de dar al país legislación que ayude a eliminar este mal que aqueja a la sociedad.
Por lo anterior, en nombre de los legisladores integrantes del Partido Verde, expreso que nuestro voto será favor del presente dictamen.
Les invito a validar este esfuerzo, encabezado por la Comisión de Justicia, que formará parte de una de nuestras mejores cartas de presentación de la LXIII Legislatura: el Sistema Nacional Anticorrupción.
Muchas gracias Presidente.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
