· La calefacción y la refrigeración son una fuente importante de contaminación del aire.
Más de la mitad de las energías en el mundo se utilizan para sistemas de calefacción y refrigeración, en su mayoría provenientes de los combustibles fósiles, por lo que el senador Raúl Bolaños Cacho, del Partido Verde, impulsa desde el Senado una reforma para que México fomente más el uso de energía limpias para el uso de esos sistemas térmicos.
Explicó que el consumo final de la energía a nivel global se clasifica en tres: usos térmicos (en forma de calor o frío) en transporte y en forma de electricidad. Datos indican que tan solo en 2018 el consumo final de energía fue de 51 por ciento, térmico; 32 por ciento, transporte y 17 por ciento, electricidad.
Apuntó que el hecho preocupante es que más del 84 por ciento de esta energìa proviene de combustibles fósiles o de usos ineficientes de la biomasa, por lo que es necesario revertir esto y pugnar porque estos sistemas, que son los que utilizan más del 50 por ciento de energía que se genera, provenga de fuentes sustentables.
Subrayó que hasta el momento las políticas públicas globales para impulsar las energías renovables se han enfocado en los usos eléctricos: al cierre de 2020, 145 países implementaban políticas regulatorias de energía renovable para usos eléctricos, 65 para usos de transporte y solamente 22 para usos térmicos.
Por ello dijo que el objeto de su propuesta es impulsar el aprovechamiento de energías limpias y renovables para usos térmicos, es decir, en los sistemas de calefacción y refrigeración utilizados en todos los sectores susceptibles de incorporar estas tecnologías.
Compartió el senador por Oaxaca que entre las principales barreras para la transición energética en la categoría de calefacción y refrigeración se encuentran los altos costos iniciales, los marcos regulatorios e institucionales basados en combustibles fósiles, la inercia del consumidor y los obstáculos técnicos.
Detalló finalmente que la transición energética en los usos térmicos de la energía debe estar fundamentada en una legislación sólida, que permita el desarrollo de programas, normatividad y otras políticas públicas para fomentar la adopción de las diversas tecnologías en esta materia, en todos los sectores susceptibles de aprovecharlas.
